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Monday, November 26, 2012

The rule of law in peace building contexts: 'Lessons' from Somalia


The rule of law in peacebuilding contexts: lessons from Somalia




Abstract
Rule of law (RoL) programming is caught in the middle of the peacebuilding/statebuilding discussion. Twenty-firstcentury post-conflict RoL programming seems to have become more statist in character and highly focused on the criminal justice chain. A key question, however, is how external RoL/statebuilding assistance can address the gap between society and the central state so as to in effect give the RoL a greater peacebuilding function. Southern Somalia provides an example of failed RoL/statebuilding, but in Somaliland the existence of an inclusive political settlement has allowed United Nations RoL assistance to contribute not only to core state capacities, but also to engagement with civil society and arriving at innovative programming modalities, which in practice signifies an expanded interpretation of the concept of the RoL and thus of its social impact. Examples are given of engagement with “informal” customary systems and other sectors so as to contribute to the construction of more socially embedded police and justice practices capable of providing greater legitimacy to the state.
[Policy Paper prepared for and published by  NOREF the Norwegian Peacebuilding Resource Centre October 11, 2012 ]
Full Text available on 
http://www.peacebuilding.no/Themes/Peacebuilding-in-practice/publications/The-rule-of-law-in-peacebuilding-contexts-lessons-from-Somalia


HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL MUNDIAL BASADO EN LA JUSTICIA






HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL MUNDIAL BASADO EN LA JUSTICIA
















Alejandro Bendaña
Centro de Estudios Internacionales
Managua, Nicaragua


(Traducción del texto en ingles preparado para la sentado en la Conferencia del Premio Africano de Paz: del Conflicto a la Cooperación: Hacia un Nuevo Contrato Social por la Paz, Octubre, 2012)










El famoso economista John Maynard Keynes solía decir : “Cuando cambian los hechos, yo cambio de opinión. Y usted ¿qué hace?”

En efecto, los hechos mundiales están cambiando, lo cual exige interrogar opiniones pre-existentes sino también el paradigma para llegar a cambios tantos de opinión y de acción.  Nos permitimos sugerir un paradigma con tres componentes fundamentales e interconectados.

Lo que se necesita es un nuevo o renovado pacto mundial de justicia, basado en tres conceptos fundamentales.

PRIMERO – UN NUEVO CONTRATO ENTRE LO HUMANO Y LO AMBIENA

La crisis provocada por le calentamiento global esta a la vista.

Por si fuese necesario recabar mayor evidencia del cambio climático, los expertos en temas relacionados con el Ártico llegaron a la conclusión en el mes de septiembre que el colapso del hielo marino ya se inició y culminará en un periodo de cuatro años más[i].             

El Foro sobre Clima Vulnerable, celebrado también en septiembre con representantes de unos veinte países, nos recordó que hoy por hoy ocurren cinco millones de muertes todos los años a causa de la contaminación del aire, el hambre y las enfermedades, todo como resultado del cambio climático y las economías de uso intensivo del carbono.  Indicaron que, de seguir el actual ritmo de uso de combustibles fósiles,  el número de víctimas anuales será de unos seis millones de personas en el 2030 y serán los mas pobres que sufrirán esa descarga al calcular que mas del 90% de los muertos corresponderá a los llamados países en vías de desarrollo[ii].  

Lo increíble es que en algunos sectores no se quiere admitir lo innegable.  Por ejemplo un en la revista ultracapitalista Forbes se quejan del informe antes mencionado es que sólo describía los costos pero no hablaba de incentivos.  Asimismo, pero ahora desde un ángulo religioso, el nuevo presidente del subcomité del medio ambiente del Congreso de EE.UU., explicaba que el calentamiento global no puede considerarse un problema, puesto que en la biblia Dios le había prometido a Noé que no habría otra inundación.[iii] 

Si en el  paradigma existente caben tales perspectivas desde el poder, entonces en definitiva el recambio es fundamental y tiene que ser radical.  No obstante, con todo y nuestra insistencia en lo ‘nuevo’, existen pistas históricas radicadas en la sabiduría de mucho pueblos indígenas que hoy como ayer  insisten que la tierra no es algo que heredamos de nuestros ancestros, sino algo que tomamos prestado de nuestros hijos/as y sus hijos/as.

El nuev paradigma—otra visión del desarrollo--, rompe tanto con el régimen del capital como del marxismo clásico, ya que en ambos la producción y el consumo equivalen a progreso. Ahora se trata de ponerle freno a ambos, pero en particular a la producción y al consumo de los ricos, para los ricos y por los ricos.

Ya el paradigma nuevo se elabora a partir de los esfuerzos realizados por un movimiento mundial que trabaja para que se reconozca  lo que se viene llamando naturaleza, madre tierra o medio ambiente, como sujeto legal de derechos y por lo tanto, de leyes de cumplimiento obligatoria.

Los movimientos por los derechos de la madre tierra nos dicen que TODA la vida tiene derechos inherentes e inalienables; que el desarrollo humano sólo puede ser sostenible si las demandas sociales y las necesidades de la humanidad se encuentran en equilibrio con la necesidad de mantener la integridad, la salud y el funcionamiento de los sistemas naturales—como asunto de derecho. En otras palabras, lo que todavía hoy se tolera, debe considerarse un delito ¡también hoy!   

En los sistemas legales de la mayoría de países, la naturaleza termina siendo objeto y mercancía que se compra, vende y consume.  El marco jurídico existente tiende a permitir permite que los intereses consumos y de lucro prevalezcan sobre la naturaleza.  El resultado ecosistemas recargados y en proceso de colapso.  En otras palabras no hay equilibrio en el ecosistema, no hay equidad ni proporcionalidad entre los ‘derechos’ respectivos.

Un paso esencial para lograr un equilibrio sostenible es la creación de sistemas de pensamiento y de jurisprudencia en la que la naturaleza y los ciclos de su reproducción se vuelven como sujeto de derechos y no simplemente de protección. Se trata entonces no solo romper con la lógica y supremacía del capital, pero también con el antropocentrismo inherente en los sistemas legales actuales.  Reconocer, respetar y hacer respectar los derechos de la naturaleza.

No se trata de un castillo utópico en el aire. Hoy por hoy ya existen países con sistemas legales que incorporan los derechos de la naturaleza. Las nuevas Constituciones de Ecuador y Bolivia reconocen explícitamente a la Madre Tierra como portadora de derechos. Estas disposiciones y leyes constitucionales reconocen que las comunidades y ecosistemas naturales, al igual que los seres humanos, poseen un derecho fundamental e inalienable de existir, de ser protegidos y de prosperar como parte de un ‘bien vivir’, tanto de las personas como de la naturaleza.  Se obliga al Estado incluso a demandar compensaciones de parte de los violadores del ecosistema.

Las leyes que rigen los derechos de la naturaleza eliminan la autoridad de un propietario para interferir con el funcionamiento de los ecosistemas y las comunidades naturales existentes, que dependen de la propiedad en que están para poder existir y prosperar. Estas leyes no detienen el desarrollo, sino más bien exigen un verdadero desarrollo sostenible en que la propiedad obligatoriamente co-existe y aporta a la vitalidad del ecosistemas.[iv]

Sin duda, se trata de un cambio de paradigma. No sólo en el ámbito legal sino  también en términos sociales y políticos: un pacto social ya no solo entre el individuo y el Estado sino también con la Madre Tierra como tercera parte del contracto social sostenible. Aquí se hace un llamado a las sociedades (incluyendo las empresas) y a los Estados que como cuestión de derecho y no únicamente de persuasión, reconozcan explícita y legalmente los derechos de la naturaleza. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del siglo XX, debe ahora ser parte inherente, inseparable e interdependiente de otra Declaración Universal abarcando los Derechos de la Naturaleza / Madre Tierra del siglo XXI, ambas de carácter vinculante, y que ésta también se traduzca en leyes de obligado cumplimiento.   

¿Tarea inmediata de los Estados en le marco inter-gubernamental? Apoyar a Bolivia y a otros países que encabezan estos esfuerzos en las Naciones Unidas. Bolivia se ha visto fustigada por los Estados Unidos y Gran Bretaña en los debates de la ONU sobre el clima a partir de su exigencia de que los países industrializados reduzcan drásticamente las emisiones de dióxido de carbono.  La amenaza del buen ejemplo: en la legislación boliviana ya se establecen once nuevos derechos de la naturaleza, entre los cuales están el derecho a la vida y la existencia; el derecho a la reproducción de sus ciclos y procesos vitales sin alteraciones causadas por seres humanos; al agua pura y aire limpio; al equilibrio; a no ser contaminado; y a que no se modifique o altere genéticamente su estructura celular. Actualmente se trabaja en el derecho de la naturaleza a “no verse afectada por megainfraestructuras y proyectos de desarrollo que perjudiquen el equilibrio de los ecosistemas y de las comunidades que los habitan”.

SEGUNDO FRENAR LA CONCENTRACION DEL PODERÍO FINANCIERO Y ECONÓMICO   PRIVADO TRANSNACIONAL

Desde la Revolución Francesa el pensamiento político en occidente ha sostenido básicamente que los Estados como entidades podían ser gobernados por los hombres (y más recientemente también por las mujeres) con el propósito de reflejar las demandas y responsabilidades de sus ciudadanos/as. Pero en Naciones Unidas circulan un documento propositivo que en esencia concede derechos, no a la naturaleza, sino al capital por encima de los derechos humanos.  La propuesta hace eco del pensar del reciente candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Mitt Romney, quien opinó “las corporaciones  son personas y también tienen derechos”. O bien el dictamen de Corte Suprema norteamericana otorgando que ha declarado que no se pueden limitar los “derecho de libre expresión” de las corporaciones y por ende del uso pagado de medios y propagandistas y hasta políticos profesionales en defensa de los grandes intereses de la banco y las grandes corporaciones.

Es decir los mismos conglomerados del capital financiero que impunemente provocaron y agravaron la recesión económica que vive el mundo están por recibir una luz verde para ‘trabajar’ a su antojo a nivel nacional e internacional.

Todavia algunos recordamos cuando los países del Sur y sus aliados trabajaban en Naciones Unidas en la reglamentación de las actividades de las empresas transnacionales. Incluso en algún momento, una agencia de la ONU se negó a aceptar donaciones de computadoras por parte de sus fabricantes globales, por temor a que ello pusiera en tela de juicio su objetividad.¡ Como cambian los tiempos! De manera que a la vez que banqueros en Nueva York o Londres o Zúrich enfrentan la posibilidad de ser enjuiciados por las acciones que llevaron al colapso financiero de 2008, la gran asamblea de gobiernos reunidos en la ONU se presta a liberar a las grandes corporaciones de su responsabilidad social.

¿Se requiere más evidencia para demostrar el impacto negativo que tiene la crisis global capitalista en los seres humanos y, por ende, en sus derechos? ¿Acaso no es obvio que los Estados individuales no han podido (o querido), en lo general, confrontar a los conglomerados financieros y comerciales no obstante la protesta de ciudadanos económicamente arruinados y desempleados? En realidad, no e culpa de la ONU que no hace mas que reflejar el paradigma dominante expresado por los estados miembros.  La responsabilidad también la tenemos nosotros como ciudadanos al no exigir en la definición de un nuevo marco de gobernabilidad global democrática que se imponga a la fuerza ideológica y material del mal denominado ‘libre mercado’.  Lejos de establecer un marco regulador, hemos permitido más bien un entorno global y nacional que tolera actos ilegítimos (pero lamentablemente no ilegales), la explotación de recursos que pertenecen a los pueblos y generaciones futuras.

Como ya lo han señalado varias organizaciones de derechos humanos, los corporaciones aunque actores supuestamente ‘privados’ tienen obligaciones legales muy ‘públicas’.[v]  En NN.UU. sin embargo dicha tesis resulta minoritaria.

Hace algunos años, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas nombrar un Representante Especial para investigar la relación entre las grandes empresas y los derechos humanos.  El mandato del Representante Especial del Secretario General surgió en tanto los países ricos claves en el Consejo declararon no pertinente la consideración de un documento borrador titulado Normas y Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos.         

El representante especial ahora presenta sus recomendaciones.  Las mismas fueron alabadas por entes como la Cámara Internacional del Comercio, pero causó una decepción profunda entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos humanos, el medio ambiente y la construcción de la paz, en particular aquellos que desean limitar la masiva expansión de las empresas internacionales (incluyendo de seguridad privada).

El profesor David Bilchitz de la Universidad de Johannesburgo tiene una valoración pormenorizada y bien argumentada del informe de Ruggie, en la que introduce un argumento normativo sólido indicando como las obligaciones empresariales deben abarcar no sólo obligaciones ‘negativas’ para evitar causar daños sino también el ‘deber jurídico de cumplir’ con la obligación de contribuir activamente a la realización de los derechos fundamentales[vi]. Defensores de los derechos humanos dieron el ejemplo de las grandes firmas farmacéuticas tenían la obligación de apartar asuntos de patente para responder socialmente a las necesidades de personas afectadas por el VIH.  Se plantea en efecto que no basta que las empresas simplemente procuren evitar afectaciones negativas de los derechos humanos, sino que se pasara a la obligación de la promoción empresarial de los mismos, particularmente en materia ambiental y laboral.  La promoción obligatoria de los derechos económicos y sociales donde quiera que trabajaran dichas empresas—lo cual evidentemente no siempre calza con el precepto neoliberal de asegurar “el entorno favorable” para las inversiones y el aseguramiento de tasas altas de rentabilidad.

Que pedirle a nuestros gobiernos?  Incidir en el debate sobre el Informe Ruggie que tiene lugar en Naciones Unidas. Demandar la ampliación del mandato del relator del Consejo de Derechos Humanos y la especificación de las obligaciones de las transnacionales incluyendo la elaboración de principios guía al respecto.

TERCERO –  LA SUPREMACÍA DEL ESTADO DE DERECHO Y EL IMPERIO DE LA LEY BASADOS EN LA JUSTICIA       

Hasta ahora hemos argumentado a favor de un sistema de justicia serio y legalmente vinculante para regir el comportamiento humano y empresarial de cara al medio ambiente y los derechos humanos. Tendremos sin embargo que estar concientes del comportamiento real de los estados poderosos y el uso y desuso que hacen del derecho internacional.  Interpretan e inventan antojadiza de acuerdo a las coyunturas y necesidades.  Al punto que muchos preguntan si para algo sirve el estado de derecho proclamado cuano la ley, lejos de aplicarse parejamente, se utiliza solamente contra los débiles, dejando entonces de ser una salvaguarda contra la injusticia para tornarse en mecanismo de opresión.[vii]

Sin embargo, intelectos de la talla del historicador socialista E.P. Thompson defendió el ideal de un estado de derecho como un bien humano absoluto y la necesidad de emplearle inhibir el mal uso del poder. Argumentó que la historia indicaba que en aquellos lugares o situaciones en que la ley no servía a la humanidad, las personas luchaban por reemplazar las leyes injustas con un estado de derecho que fuera justo. Thompson vinculó la idea de comunidad moral al sostenimiento  de los derechos tradicionales de uso en contra de las leyes modernas de propiedad privada.[viii]                                       

Hoy día, es más pertinente que nunca la lucha para lograr ese estado de derecho verdaderamente moral aun cuando algunos han llegado a preguntar si vivimos en un sigle que desconoce la ilegalidad. Un columnista señalaba que preguntar si quiera si esto o aquella era legal, se volvia una pregunta necia. ¿La guerra en Libia fue legal? ¿Los ataques con aviones no tripulados y las listas de personas a ser asesinadas de manera selectiva son legales?¿Están protegidas las élites financieras, y se les da el derecho a realizar actos de corrupción legalizados y enriquecerse a más no poder mientras hay millones de desempleados? Estas son preguntas, no afirmaciones. Y aquellos que las plantean no son tontos, ni ingenuos, ni extremistas. En un artículo publicado en el New York Times, un ex presidente de los Estados Unidos escribió que “las políticas antiterroristas de nuestro gobierno violan claramente al menos 10 de los 30 artículos de la Declaración, incluyendo la prohibición de “tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante”.[ix]                     
     
La crisis ocasionada por la mala distribución de la riqueza global y la privatización de recursos que pertenecen a todo el planeta, las ambiciones políticas globales y los diseños de los países poderosos, y la pesadilla ambiental que nos depara, todas requieren instrumentos jurídicos renovados o nuevos; instrumentos jurídicos para llenar o, mejor todavía, transformar la gobernabilidad democrática. Aquí reside una gran paradoja global que toma la forma de dilemas nacionales y sociales y que exige resoluciones democráticas por un lado, y la renuencia a reformar la gobernabilidad global por otra.  Sera asunto de crear otra globalización que no este fundamentado en la desigualdad de derechos—entre países algunos países cuyos ciudadanos gozan de derecho y otros países no soberanos (‘frágiles’) que requieren tutela e intervención de parte de la OTAN o del FMI.
Es muy importante que los ciudadanos/as y los gobiernos se resistan a la OTANización de la gobernabilidad y del derecho, incluyendo la interpretación intervencionista del estado de derecho: la denominada doctrina de ‘responsabilidad de proteger’ que incluso se viene codificando en teoría y en la práctica. global, pacífica y democratizada. 
CONCLUSIÓN: LA TIERRA ES DEMASIADO GRANDE PARA FRACASAR 
De un lado poderosas fuerzas corporativas y actores político-militares; del otro, las sociedades a las que no se puede pedir simplemente que sean resistentes y vayan buscando cómo sobrevivir, o esperar que llegue algún salvador militar externo. Pero también otra conjugación posible: gobiernos conscientes con Naciones Unidas.  Todavía desigual a menos que elaboremos una estrategia donde convergen democráticamente personas, principalmente  los pobres y mujeres, con gobiernos, principalmente de los países pobres, para hacerle frente al reto del siglo XXI.  Con ello se establece la base política del nuevo pacto social entre los gobiernos y los pueblos con el organismo mundial. Solamente las democracias de alta  intensidad pueden cerrar las brechas de gobernabilidad democrática que existen a nivel internacional. 
Debe ser un camino propio.  En el Sur tenemos nuestras propias epistemologías y capacidad histórica para pensar por nosotros mismos y desarrollar nuestros propios paradigmas teóricos y políticos, en los que las necesidades de los mercados, y las de los estados orientados hacia los mercados, tanto en el norte como en el sur, pasan a un segundo plano, sin sacrificar las necesidades de las comunidades.  
Durante su reciente visita a África del Sur, el profesor Sousa Santos se unió a otros distinguidos académicos nacionales al declarar que las disciplinas en las universidades deben ser humanizadas al incluir epistemologías africanas: “Las universidades deben expandir los sistemas de conocimiento que consideren válidos en el currículo y que se ofrecen a los estudiantes. Hasta ahora las universidades han mostrado una gran dependencia del conocimiento moderno occidental, usualmente de índole científico”. Sousa Santos dijo que estos sistemas son de hecho válidos, pero añadió que por otro lado “si quiero ir a la luna, estoy claro de que necesito de conocimiento científico, pero si lo que me interesa es defender la biodiversidad de África, entonces lo que necesito son sistemas de conocimiento locales”.
Ha llegado el momento – el colapso financiero con sus repercusiones sociales se han traducido en altos niveles de conciencia criticas entre los jóvenes algunos en situación de abierta rebelión en países del Norte. Las concentración y distribución de la riqueza forma  parte de su agenda. La gente no entiende cómo los muy ricos pudieron beneficiarse de una póliza de seguro por parte de sus gobiernos ricos cuyos políticos aseguraban que la banca y empresas claves eran “demasiado grande para fracasar”, aun cuando la banca y las firmas de inversiones realizaron transacciones absurdamente riesgosas e ilegales que les rindieron enormes ganancias. Colapsa el sistema de ‘libre’ mercado pero se recurre al papá estado benefactor.    La ley los protegió.  Y para las victimas—las palabras escritas un mural durante la dictadura militar en Uruguay: “Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley…”
La construcción de paradigmas es un proceso histórico. Un patriota sudafricano Steve Biko,   dijo: “Un pueblo sin una historia positiva es como un vehículo sin máquina”. Biko lo que plantea es que el nuevo paradigma siempre  ha estado dentro está dentro de nosotros.
Nuestra historia, la historia del Sur es positiva. Encendamos esta máquina y pisemos el acelerador de esta gesta histórica por la justicia social a través de un nuevo pacto ecológico con la naturaleza.
                                                                                                           

           
      
 


              
   
       

    



[i] guardian.co.uk, lunes 17 de septiembre de 2012.
[v] Human Rights Watch, 2008.
[vi] David Bilchitz, The Ruggie Framework: An Adequate Rubric for Corporate Human Rights Obligations?  Sur, International Journal on Human Rights,
http://www.surjournal.org/eng/conteudos/getArtigo12.php?artigo=12,artigo_10.htm
[vii] En su libro reciente titulado With Liberty and Justice for Some: How the Law is Used to Destroy Equality and Protect the Powerful (Con libertad y justicia para algunos: como se utiliza la ley para destruir a la igualdad y proteger a los poderosos), Glen Grenwald documenta la existencia de un sistema de justicia de dos pisos en los Estados Unidos, en los que “las élites políticas y financieras están protegidas por una inmunidad casi absoluta contra su obligación de cumplir con la ley, aun cuando se descubre que han cometido delitos   gravísimos,  mientras que los ciudadanos/as comunes y corrientes se encuentran sujetos al estado penal más grande, severo e inmisericorde del mundo, por triviales que hayan sido sus ofensas. Como consecuencia, la ley ha sido completamente pervertida con relación a su intención original, que era la de garantizar igualdad en el campo de juego para impedir la desigualdad de resultados. Hoy día, se ha convertido en su antítesis: un arma utilizada por los más poderosos para proteger sus bienes mal habidos, fortalecer sus prerrogativas inmerecidas, y garantizar una creciente desigualdad de oportunidades … La ley como tal ostenta un tremendo poder. El alcance del sistema legal no tiene paralelo en el mundo, y pude despojar a las personas de su propiedad, libertad y aún la vida. Puede obligar a las personas a transferir sus bienes materiales a otros, impedir que realicen los planes que tengan, destruir sus reputaciones, recluirlos en jaulas e incluso inyectarlos con químicos letales. La aplicación desigual de la ley es por lo tanto no solamente injusto en teoría pero devastador en la práctica … Cuando la ley se utiliza solamente en contra de los más débiles, deja de ser una salvaguarda contra la injusticia y se vuelve una herramienta primaria de opresión”.          
[viii]http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/emeritus/robertfine/home/teachingmaterial/humanrights/lecturepodcast/thompson_lecture.pdf
[ix]http://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.html?_r=0

Tuesday, November 13, 2012

Towards a New Global Justice Compact





TOWARDS A NEW GLOBAL JUSTICE COMPACT
Alejandro Bendaña
Centro de Estudios Internacionales
Managua, Nicaragua
November 13, 2012



John Maynard Keynes once famously said—“When the facts change, I change my mind”.  “What do you do?”
The facts are changing demanding that we not simply change our mind, but review, reaffirm or change our paradigms altogether.  There is no alternative—an affirmation made from the perspective of global peacebuilding, which at this point in global history, needs to review the shape and future of the forest, lest the trees and branches of particular and often recurring episodes of violence and situations demanding justice, important as they are, must not  distract us from the larger dilemma that faces us all demanding even more work

It may be too late to stop the offloading of the proverbial straw that broke the camel’s back—why not another camel and a new way of living with the camel instead of merely not killing it?  A new or renewed Global Justice Compact with three fundamental components.


FIRST—A NEW ENVIRONMENTAL COMPACT  

The first fact, which by this time should not be ‘new’ to anyone is the dealing with the consequences of the environmental equation.  No longer in the making, but made and imploding before our very eyes.  The implosion is as much environmental as political, that is the political will and capacity to deal with the consequences of present ‘development’ models spelling a crisis for this generation and an even greater one for the next

If further evidence were still to be required, it was provided by Artic experts who in September, 2012 concluded that the collapse of Northern sea ice is now underway and will be final within four years.[1]
That same month, the Climate Vulnerable Forum, a grouping of some 20 countries, reminded us that today five million deaths occur each year from air pollution, hunger and disease as a result of climate change and carbon-intensive economies, and that toll would likely rise to six million a year by 2030 if current patterns of fossil fuel use continue.  As usual, more than 90 percent of the estimated deaths would occur in developing countries.[2]

And also as usual some of the chief culprits are in denial.  Typified perhaps by a columnist for the ultra-capitalist Forbes magazine complaining  that the problem with the  said report is that it only deals with costs and not trade-offs!  In similar form but this time employing religion, new head of a US Congressional subcommittee on the environment explained that global warming cannot be a problem because God promised Noah that there will not be another flood.[3]

If our paradigm has room for such deniers then definitely it is time to move on and change the rules of engagement.  There is little time to wast and admonishment theirs or ours does not seem to be getting us anywhere.  A paradigm shift imperative is imperative—of thought and of power, because the first without the other is gets us nowhere, while power without thought–sort of where we are now-- is positively dangerous.  The technical must meet the political on political grounds, and not the other way around.

Yet for all our insistence on the ‘new’, we must pick up the trail to the future looking back at the wisdom of the many indigenous peoples today who insist that the earth is not something we inherit from our ancestors, but something that we borrow from our children and their children.

A paradigm shift is being shaped that that breaks with both rule of capital and classical Marxism both of which considered consumption and production as progress, to a paradigm that actually places restraint on consumption and production, on all, but in particularly of the rich, for the rich and by the rich.

If that is the thought, then where is the power?    Here we should encourage looking at the work of a spreading movement working to recognize what is variously termed Nature/Mother Earth/Environment, as a legal subject of Rights and Laws. 

The Rights of Mother Earth movements tell us that ALL of life has inherent and inalienable rights; that human development can only be sustainable if the social demands and needs of humanity are balanced against the need to maintain the integrity, health and functioning of natural systems.  In other words what is still tolerated today, must be made legally a crime, also today!

Legal systems define parameters of acceptable behaviors and actions, how we humans relate to each other and to the world around us. In most countries, legal systems treat nature as property to be bought, sold and consumed. Under such laws, human concerns invariably prevail over Nature and the carrying capacity of natural ecosystems instead of being weighed against the needs of ecosystems and other beings in order to strike an appropriate balance.

One of the reasons why contemporary legal and governance systems have failed is because they t have been designed to facilitate and legitimate the unsustainable exploitation of Nature.

An essential step in achieving this natural balance is to fill a governance gap, by creating governance systems that see and treat Nature as a fundamental, rights bearing entity and not as mere property to be exploited at will. Breaking out of the human-centered limitations of our current legal systems by recognizing, respecting and enforcing Rights of Nature is one of the most transformative and highly leveraged actions that humanity can take to create a sustainable future for all.

This is no pipe dream—as there are now functional national legal systems which incorporate the Rights of Nature.  The new constitutions in Ecuador and Bolivia explicitly recognized the status of natural communities.  Ecosystems are no longer from regarded as property under the law but as rights-bearing entities. These constitutional provisions and laws recognize that natural communities and ecosystems—no less than human beings-- possess an inalienable, fundamental right to exist, be protected and flourish.

Residents of communities where Rights of Nature have been adopted possess the legal authority to enforce those rights on behalf of those ecosystems. In addition, these laws require the governmental apparatus to remedy violations of those ecosystem rights.
Rights of Nature laws eliminate the authority of a property owner to interfere with the functioning of ecosystems and natural communities that exist and depend upon that property for their existence and flourishing. They do not stop development; rather they stop development and use of property that interferes with the existence and vitality of those ecosystems.  Rights of Nature lays the foundation for truly sustainable and viable development to occur.[4]

Definitely paradigmatic stuff.  Not only in terms of law, but also of social and political sciences, no longer only  simply to the social compact between the individual person and the State taught in political theory, but a new Socio-Environmental compact that is not a dichotomy but triangular: the individual, the State, and Nature.  Here both societies and the states (including corporations) are called upon, as a matter of law, not of simple persuasion, to legally recognized the rights of Nature.  Where the 20th century binding Universal Declaration on Human Rights is insolubly linked and interdependent with an equal binding 21st Century Universal Declaration on the Rights of Nature/Mother Earth that also makes its way into binding law.

What is our Action Point? Provide support to Bolivia and other countries that are leading this effort in the UN.  Bolivia has been lambasted by the US and Britain in the UN climate talks for demanding steep carbon emission cuts.  The threat of a good example—the threat posed by that country’s legislation establishing 11 new rights for nature. They include: the right to life and to exist; the right to continue vital cycles and processes free from human alteration; the right to pure water and clean air; the right to balance; the right not to be polluted; and the right to not have cellular structure modified or genetically altered.  And in the works : the right of nature “not be affected by mega-infrastructure and development projects that affect the balance of ecosystems and the local inhabitant communities". 




SECOND–REIGNING IN FINANCIAL AND ECONOMIC CORPORATE POWER

Since the French Revolution, western political thought has basically held that States made entities could be governed by men (and more recently by women) in order to reflect the demands and responsibilities of citizens.  An obscure UN document now making the rounds in New York is about to throw out that principle by turning it on its head and put forth a new proposition best enunciated publicly by the US Presidential Republican Party nominee who said “corporations are people and have rights too” or a Supreme Court that stated corporations ‘right to expression’ could not be limited, including presumably the right to fund the defense of corporate interests including political campaigns.


It what amounts to global privatization, including the privatization of the State, the same financial capital conglomerates that brought you the worst economic breakdown in half a century are about to be rewarded not simply by immoral massive dividends but by the release from accountability to any global authority. This rather massive gap in global governance is well on its way to being closed by it becoming the norm instead of gap.  Where, in the name of the free market, corporate interests shape and frame global economic governance. 

Once upon a time it countries of the South and their allies acted through the United Nations to push the development of global regulatory frameworks over international business.  There was even a time when important UN agencies refused to accept donations of computers from its global manufacturers lest its independence be seen as compromised.  But times have changed!  One of the supreme ironies of our time is of bankers in New York or London or Zurich facing the possibility of indictment for actions leading to the 2008 financial collapse takes place at the same time the assembly of governments gathered in the UNGA  may just with the bang of a hammer approve the emasculation of the Universal Declaration of Human Rights excepting capital from that universality.[5]

Is further evidence required to demonstrate how the global capitalist crisis is having a detrimental impact on human beings and therefore their rights?  Is it not obvious that individual States have failed to reign in the corporate conglomerates notwithstanding the outcry of ruined and unemployed citizens?  Of course, it is be too easy simply to blame a UN as if it were not the expression of its 200plus states.  Let’s rather blame governments including our all of our own, and us as national citizens. But as global citizens, we along with so many governments are just as responsible for the failure to enact democratic global governance and reign in the markets.  Far from a regulatory environment we have a permissive environment for wrongful acts and practices of all sorts, without adequate sanctioning or reparation.  Those gaps are not abstract because they translate into miserable conditions of livelihood, disease and death. 

As a number of human rights organizations have pointed out these allegedly ‘private’ actors have very ‘public’ legal obligations.[6] But that argument appears to be losing if we review the final considerations presented to the Human Rights Council and now up for review in the General Assembly. 

Some  years ago the United Nations Human Rights Council asked the UN Secretary-General to appoint a Special Representative to investigate a number of important issues relating to business and human rights. The mandate of the SRSG arose from the failure by the Council a year earlier to adopt a document known as the UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with Regard to Human Rights.3

That Ruggie report, named after the Special Representative John Ruggie,  was issued and is now out being applauded by entities such as the International Chamber of Commerce while greatly disappointing civil society groups working on human rights, the environment but also peacebuilding advocates, particularly those who also want to limit put the massive expansion of private international security companies and equally unaccountable privatization of war.

For a thorough and thoughtful assessment of the Ruggie report, one can turn to the study [7] by Professor David Bilchitz of the University of Johannesburg.  Here he advances a strong normative argument for the claim that corporate obligations should not only involve ‘negative’ obligations to avoid harm but also include a ‘duty to fulfill’: obligations to contribute actively to the realisation of fundamental rights.   This is so clear in in the case of pharmaceutical corporations as the TAC campaign so strongly argued on behalf of HIV affected people, but –yes—also mining corporations.  What Professor Bilchitz and others underscore is the huge retreat from what should be a normative obligation not simply to ‘avoid’ negative practices but indeed –particularly in this global financial and environmental and security moment—to actually promote rights.

According to this study, “the flaws in Ruggie’s framework – particularly his reduction of corporate obligations to a ‘responsibility to respect’ – could threaten the realization of fundamental rights (particularly in the developing world) and imperil the development of a more adequate framework for the protection of fundamental rights in the longer term. Accepting Ruggie’s minimalist framework as it stands would mean reducing widely our expectations of business and the very possibility of transforming our world from the current status quo of vast differentials in well-being into one that offers the possibility of realizing.”

This effort has enormous implications because it can form part of a different consensus that will look not simply at individual corporations, but can go on to examine the nature of corporations so that they are not simply regarded as entities focused upon the self-interested maximization of profit but that they are structures where shareholder are morally and perhaps legally compelled to insure that corporate activities benefit the environment, societies and individuals with whom they interact.


Action Point: Influencing the debate on the Ruggie report to take place in the UN. Our strategy would call for demanding that the Human Rights Council rapporteur’s implementation mandate be widened to include an investigation into corporate obligations to protect and fulfill as well and to develop guiding principles for the determination of the exact scope and nature of corporate obligations in this regard.


THREE—BRING BACK THE SUPREMACY OF THE RULE OF (JUST) LAW


We have made an argument for meaningful legally-binding justice system to govern human and corporate behavior.  The problem with legal systems however is that that powerful nations still face the temptation of interpreting international law and norms in such a way that it suits their interests, and setting them aside when they don’t, and maybe the same is true at the national level. Undermining at one level however undermines all the others.  The point is we can’t throw out the baby of rule of law with the bathwater massive rule of law violations.  Further, when the law is wielded only against the powerless, it ceases to be a safeguard against injustice and becomes an instrument of oppression.[8]
Here we can also glance back at the past following the intellectual trail indicated by the great socialist historian E.P. Thompson.  Thompson socialist humanisms was reflected in a lecture at Warwick University where he reiterated that capitalist society offers a thoroughly inhuman form of political community and that this was mirrored rather than overcome in actually existing `socialist' states. Thompson looked to the eighteenth century for images of human community prior to its disintegration into modernity and a distorted rule of law regime.
Thompson visualized the moral community of eighteenth century plebeian movements who fought to uphold traditional rights against modern laws of private property.  In what became a famous assertion, particularly as it came from a socialist perspective, Thompson defended the ideality of the rule of law as an unqualified human good and its necessity as an inhibition on power.  History, he argued, indicated that where the law did not serve humanity,  people struggled to have the unjust law replaced by the just rule of law. Thompson linked the idea of moral community to the upholding of traditional use rights against modern laws of private property.[9]
Today, the struggle for awareness and practice of genuinely moral rule of law could hardly be more relevant.   But some, perhaps correctly, are coming to the conclusion that the world has ceased to care. One columnist termed the question “Is it Legal” as the ‘dumb question of the 21st century.[10] Are we living in a post-legal era and society?  Was the Libyan war legal—did resolution 1973 really authorize war?  Are drone attacks and kill lists legitimate?  Was the killing of Bin Laden legal?  When, if ever, torture, kidnapping and assassination nationally and internationally legal?  Is it true the UNSC ostensibly legalizes such actions?  Are financial elites protected and given a right to carry out legalized corruption filthy enrichment, while millions are unemployed? These are questions not affirmations.  And those who pose them are neither dumb nor naïve nor extremists.  Writing for The New York Times, a former President of the United States said “our government's counterterrorism polices are now clearly violating at least 10 of the declarations 30 articles, including the prohibition against 'cruel , inhuman or degrading treatment or punishment'.”[11]

One would think that, at the very least, a debate is called for. But that is precisely what is missing, and why it is all the more worrisome.  The is it legal, let alone is it right questions, provoke rolled over eyes.  So as a cause or consequence few are asking. Are the answers irrelevant?  If 20th century political behaviour does not correspond with the law, can we pick up the historic struggle to change the behavior instead of changing the law to accommodate malevolent practices?

                                                                    
At a time when popular revolutions and rebellions are sweeping the globe, countries of the South, and Africa in particular, need to act and seen to be acting to strengthen basic rules of law and principles of justice enumerated in the Universal Declaration of Human Rights and international law.

Martin Luther King used to say that ‘Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering and struggle’.  Legal justice, economic justice, climate justice will indeed require not simply sacrifice, suffering and struggle but also a Strategy to transform the illegality order. 

The  global wealth misdistribution  crisis, that attempts to privatize the resources that belong to all the planet, the global political ambitions and doings designs of powerful countries and the environmental nightmare dawning upon us all requires both new and old legal instrument:  instruments of law to fill in or better yet transform the democratic governance. Herein lies a key global paradox that takes the form of a national and social dilemmas demanding democratic determinations to turn unacceptable global paradoxes into global democratic governance.

This is crucial for the nations of the Global South.  As Mahmood Mandani has argued, the emerging global regime now seeks to ‘ bifurcates the international system between sovereign states whose citizens have political rights, and de facto trusteeship territories whose populations are seen as wards in need of external protection’.  The responsibility to protect seems to have become the right of bankers and NATO to punish. 

Action Point—a discussion on the Rule of Law is not taking place at the United Nations.  It is critical for citizens and governments to push back on the  NATOisation of governance and law including  its own interventionist rule of law interpretation –humanitarian intervention/right to protection--which it wishes codified in law and practice.  This is critical for the UN itself and the ideal it enshrines for peaceful and democratized global governance.   

CONCLUSION: THE EARTH IS TOO BIG TO FAIL

On one side, there are powerful corporate forces and political/military actors; on the other, societies and people who cannot be asked to simply be resilient and get on with survival or wait for the external military savior.  In the middle lays two other sets of forces: national governments and the United Nations.  Our strategy must visualize a democratic convergence of people, principally poor and women, with governments, principally of the poor countries, and the United Nations to meet the 21st century challenge.

If we are to move together globally, then a new national social compact are required between governments and people.  Only higher intensity democracies can close the global democratic governance gaps.  We in the South have our own epistemologies and historical capacity to think on our own two feet and develop our own theoretical and political paradigms, where the needs of the markets, and market-oriented States in the North and South take second place to the needs of communities. 


Universities and research/action centers such as Accord here have a particular responsibility.  During his recent visit to South Africa, Professor De Sousa Santos joined prominent national academics in stating the disciplines in the university must be humanised by bringing in African epistemologies: “Universities need to expand the knowledge systems that they consider to be valid in the curriculum and that are taught to their students.  Up until now the universities relied more on Western modern knowledge, usually scientific knowledge.” He said that the Western systems are indeed valid. “However, if I want go to the moon, I need scientific knowledge, but, if I want to defend the biodiversity of Africa, I need local knowledge systems.”

In contrast to an exhausted North Atlantic order, the Global South, in its immense diversity, presents itself today as a wide field of economic, social, cultural, and political innovation.  Our task is to open up more spaces for mutual recognition, intercultural understanding, political convergence, respect for identities and celebration of diversity.

The time is now—the financial collapse and its social repercussions have translated into unusual levels of awareness and even rebellion in countries of the North.  The question of wealth and power distribution and concentration are squarely on the agenda.  People are furious how the very wealthy, were able to benefit from a government insurance policy called "too big to fail."

Never before in history have the question of wealth and power distribution and concentration been so squarely on the agenda.  People are furious how the very wealthy, were able to benefit from a government insurance policy called "too big to fail" –shamefully,  banks and investment firms made ridiculously risky and illicit (but not technical) transactions, with rich rewards, and when the system inevitably crashes, they can run to the nanny state for a taxpayer bailout and a very visible handout, Milton Friedman notwithstanding. 


If law cannot comfort the afflicted, then it should at least afflict the comfortable.  What we’ve witnessed is the evolution of a law that protects the comfortable and their comforts, which is to say their power, against the powerless.   We are talking therefore of bringing justice back in, so as to reflect the feeling, once summed up in a mural during the Uruguayan military dictatorship: “they took away justice and they left us the law….”

Paradigm construction is a historical process. As the good Dr. Johnson used to say, "Men more frequently require to be reminded than informed."  And women, he could have added, will always be around to remind men what is it they really need to be informed about.

We need to be reminded of the faith of a universal human being named Steve Biko who once sad “A man without a positive history is like a car without an engine Biko said then and says today that the new paradigm has always been within us. It will not disappear on account of the imbalance of power, between North and South, between people and corporate power, between humanity and ecology.

Our History, the History of the South is Positive, lets turn this engine on and step on the accelerator in this historical quest for social justice, and/through  a new ecological compact with Nature.



But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.


James 1:25












[1] guardian.co.uk, Monday 17 September 2012.
[2] http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2-Low.pdf; http://www.reuters.com/article/2012/09/25/climate-inaction-idINDEE88O0HH20120925; http://www.forbes.com/sites/timworstall/2012/09/27/the-climate-vulnerable-forum-report-really-not-very-good-at-all/
[5] Four years ago today, President George W. Bush signed into law the biggest corporate rescue in American history. Even as U.S. unemployment has remained above 8 percent for 43 months, the country’s biggest banks are making almost as much as they ever have.The combined $63 billion in profit reported by the six largest U.S. lenders over the four quarters through June is more than they earned in any calendar year since the peak in 2006.Bank of America Corp. made more in the 12-month period than Walt Disney Co. and McDonald’s Corp. combined. Citigroup Inc. (C), which like Bank of America took $45 billion in taxpayer funds from the Troubled Asset Relief Program, earned more than Caterpillar Inc. (CAT) and Boeing Co. JPMorgan Chase & Co. (JPM), the largest U.S. bank by assets, had profits of more than $17 billion even after reporting a $5.8 billion trading loss.  No Joy on Wall Street as Biggest Banks Earn $63 Billion,By Max Abelson - Oct 3, 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-10-03/no-joy-on-wall-street-as-biggest-banks-earn-63-billion.html

[6] Human Rights Watch, 2008;
[7]David Bilchitz, The Ruggie Framework: An Adequate Rubric for Corporate Human Rights Obligations?  Sur, International Journal on Human Rights,
http://www.surjournal.org/eng/conteudos/getArtigo12.php?artigo=12,artigo_10.htm
[8] In his recent book titled With Liberty and Justice for Some: How the Law is Used to Destroy Equality and Protect the Powerful, Glen Grenwald documented a two-tier system of justice in the US where political and financial elites are  vested with virtually absolute immunity from the rule of law even when they are caught committing egregious crimes, while ordinary Americans are subjected to the world’s largest and one of its harshest and most merciless penal states even for trivial offenses. As a result, law has been completely perverted from what it was intended to be – the guarantor of an equal playing field which would legitimize outcome inequalities – into its precise antithesis: a weapon used by the most powerful to protect their ill-gotten gains, strengthen their unearned prerogatives, and ensure ever-expanding opportunity inequality… The law itself wields tremendous power. The legal system’s reach is unparalleled: it can deprive a person of property, liberty, even life. It may compel people to transfer their material goods to others, block them from engaging in planned actions, destroy their reputations, consign them to cages, or even inject lethal chemicals into their veins. Unequal application of the law is thus not merely unjust in theory but devastating in practice.. When the law is wielded only against the powerless, it ceases to be a safeguard against injustice and becomes the primary tool of oppression.”

[9]http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/emeritus/robertfine/home/teachingmaterial/humanrights/lecturepodcast/thompson_lecture.pdf
[10] Tom Egelhardt in http://www.tomdispatch.com/blog/175398
[11] http://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.html?_r=0