De la Ayuda al Desarrollo al Desarrollo para la Solidaridad: El Papel de Venezuela

De la Ayuda al Desarrollo al Desarrollo para la Solidaridad: El Papel de Venezuela


Presentación de Alejandro Bendaña en la Conferencia sobre “El rostro cambiante de las finanzas para el desarrollo global: Impactos e implicaciones para la ayuda, el desarrollo, el Sur y las instituciones de Bretton Woods”.

Iniciativa Halifax, Ottawa, Canadá, 1-2 de febrero de 2008

Si la meta es el desarrollo —mejor definido como la transformación soberana de la democracia social— entonces no debemos hablar de hacer más efectivas las actuales modalidades de “ayuda”, sino de sustituir la ayuda misma y también el sistema en el que tiene lugar. Se comienza por cuestionar la naturaleza de la arquitectura financiera internacional en un sentido amplio, qué es lo que significa, y quién se beneficia más de ella. La “ayuda para el desarrollo” que practica el Norte forma parte de un sistema que genera creciente desigualdad y dependencia, entre los países y dentro de ellos. En tal contexto, es cuestión de hacer que la ayuda sea menos efectiva, y no más efectiva, es cuestión de terminar del todo con la ayuda, porque en su conjunto hace más mal que bien.

Pensar en los egresos, no en los ingresos. Del Sur al Norte. Por cada dólar de ayuda que va a los países en desarrollo, diez dólares salen como fuga de capital. Sin embargo, este es un tema que suele soslayarse en las discusiones sobre el desarrollo. Mejor que guardar el dólar que entra, es mucho más importante buscar el modo de detener los nueve dólares que salen. Se ha calculado que los países en desarrollo pierden más de $500 mil millones cada año, en fugas ilícitas que no se reportan a las autoridades y por los cuales no se paga impuesto. En América Latina los montos extraídos durante los últimos 30 años pueden haber llegado a 950 mil millones de dólares, según cifras suministradas por James Petras.

Ninguna cantidad de ayuda, de inversión extranjera directa o de remesas va a cambiar la ecuación estructural a la larga. Si se va a hablar de nuevos ingresos, entonces se debe concebir la forma de pagar la verdadera deuda histórica que el Norte le adeuda al Sur —no “ayuda”, ni caridad, ni filantropía privada, sino indemnizaciones, restituciones, compensaciones, pago de la deuda ecológica a los pueblos y al medioambiente del Sur. Es necesario librarse del discurso y de la visión estrechamente vinculada a la perseverancia de las estructuras de poder contemporáneas, incluso del discurso y la visión que enarbolan y practican las agencias gubernamentales de “ayuda”.

Claro que es necesario que los países en desarrollo retengan una mayor cantidad de sus recursos nacionales, pero también tenemos que reconocer que eso no es meramente una cuestión de la voluntad —a menudo inexistente— de las elites financieras nacionales, sino de impedimentos internacionalmente generados que se plasman en los llamados tratados de libre comercio, en los regímenes de protección de la inversión, en las condiciones impuestas por el FMI y similares, que exigen liberalizar cada vez más el flujo de bienes y de capitales. La ayuda y los préstamos son minúsculos si se comparan con las ganancias que se hacen a expensas nuestras a través del comercio injusto, de la explotación de nuestro trabajo, de la apropiación de nuestros recursos, de los intereses sobre los préstamos que nos conceden, de la dominación sobre nuestros mercados, y de los privilegios e incentivos otorgados a las corporaciones multinacionales. Súmese a todo ello el costo de indemnizaciones y restituciones.

¿Cómo se construye un orden alternativo nacional e internacional de justicia y desarrollo?

1. Primero se tiene que concebir ese orden. Si se piensa que no puede haber alternativa, entonces no la habrá. Es difícil, porque implica un cambio de paradigma.
2. Segundo: hay que reconceptualizar y cambiar el papel del mercado. En la organización de la economía política los mercados tienen que ocupar un espacio subordinado. Los mercados y el gran capital no pueden dictar los compromisos. Los mercados tienen que estar insertados en la sociedad, y por tanto, en relaciones de solidaridad, no de competencia. Un enfoque político de la economía. Así lo declaró Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador: Queremos un país en donde funcionen los mercados, entendidos como espacios de construcción social organizada en función de las necesidades del ser humano de hoy y de mañana. Queremos desbloquear el falso dilema entre mercado y Estado. No queremos un mercado descarnado que genera procesos de acumulación de riqueza en pocas manos, pero tampoco queremos un Estado ineficiente, que otorga prebendas y que transfiere recursos de todos y todas a los grupos de poder.
3. Hay que tener claros los indicadores. Si no hay mejoría en las condiciones de vida y en la dignidad de la población a 50 millas de Maputo, de Managua o de Manila, entonces no hay alternativa. Podemos informar ya que, gracias a los nuevos esquemas de ayuda al desarrollo conducidos por Venezuela, miles de personas se están beneficiando en los alrededores de Managua, mediante clínicas y cirugías oftalmológicas.
4. Que la alternativa se construye con cambios, en la interacción de las ideas y la política. Las ideas desafían el paradigma dominante e introducen la alternativa, pero la meta es que el paradigma alternativo se vuelva hegemónico.
Una Nueva Alba para las Américas
La combinación de ideas y cambios políticos la estamos viendo hoy en el esquema de colaboración internacional conducido por Venezuela y conocido como ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).


En el 2004, el gobierno de Venezuela tomó la decisión política de usar sus enormes reservas petroleras y sus ganancias para ayudar a otros países del mundo, con el objetivo abiertamente declarado de que esos países pudieran disminuir su dependencia del comercio dominante y del orden financiero internacional. Según estadísticas de fuentes opositoras de Chávez —que sienten que Chávez está regalando la riqueza nacional— 18 acuerdos de cooperación firmados por Venezuela sólo en el año pasado suman un total de unos 4.747 mil millones, en petróleo y refinerías principalmente, pero también en infraestructura, salud, agricultura, viviendas, cancelación de deuda, plantas de aluminio y otros rubros. Y en su mayor parte están en América Latina, aunque también en Irán, el Reino Unido, China e incluso Burkina Fasso.
La premisa de ALBA es que se necesita una nueva forma de integración regional y una unidad política verdadera y más amplia para que tenga lugar un desarrollo con independencia.

ALBA nació como una alternativa al Tratado de Libre Comercio de las Américas creado por el gobierno estadounidense —integración para fortalecer la soberanía y las relaciones sociales justas, en vez de liberalización y desnacionalización. Venezuela y Cuba firmaron la primera serie de acuerdos bilaterales, y en el 2007 Nicaragua y Bolivia se incorporaron al ALBA. “Un nuevo proyecto político y estratégico para un nuevo mundo”, dijo Chávez, lo que incluye cooperación en los campos de salud, industria, producción alimentaria y seguridad en materia de energía, con un criterio más social que mercantil. Su acta fundacional llama al establecimiento de un Consejo de Ministros, pero también a un Consejo de Movimientos Sociales, para ayudar a tomar decisiones informadas.

A comienzos del 2008, los jefes de Estado miembros del ALBA —entre los que ahora se incluye el pequeño Estado insular de Dominica— anunciaron la creación del Banco ALBA, con un capital de mil millones de dólares. Allí se declara como meta fomentar entre sus integrantes la producción industrial y agrícola, apoyar proyectos sociales, y también crear acuerdos de cooperación entre sus miembros, particularmente en el campo de la energía. El objetivo es contrarrestar los efectos negativos que produce entre sus integrantes la globalización neoliberal, así como las finanzas y el comercio. Ello constituye una pieza más en la construcción de una alternativa al orden económico internacional, pero a diferencia de su predecesor —el Banco del Sur, integrado por naciones sudamericanas—, el Banco ALBA está menos influido por los intereses de los megacapitalistas brasileños conservadores, que ejercen gran influencia en el Banco del Sur. Sin embargo, antes de emitir un veredicto final hay que esperar la publicación de las actas constitutivas y de los procedimientos del proyecto financiero en curso.

De mayor importancia para las naciones del Caribe y América Central fue la formación de Petrocaribe, en 2007. Catorce países, principalmente del Caribe, junto con Nicaragua y Honduras, se han unido al plan por el cual Venezuela, a través de su compañía petrolera PDVSA, acuerda garantizar a los países miembros el 100% de sus requerimientos en materia de energía, especialmente petróleo y sus derivados, a precios de mercado (Venezuela, como miembro de la OPEC, no puede hacerlo de otro modo), con el 40-50% pagadero en un plazo de 90 días (los términos varían ligeramente en los distintos acuerdos bilaterales), y lo restante a un plazo promedio de 25 años con el 2% de interés y dos a tres años de gracia. Lo que se recaude de esto —supuestamente acumulado por las compañías generadoras de energía de los respectivos Estados, o bien, por una agencia gubernamental designada para ello— formará parte de un fondo para el desarrollo social y para inversiones en infraestructura. Como en el caso del Banco ALBA, los procedimientos se están resolviendo en la práctica mediante negociaciones bilaterales.

¿Qué preocupaciones suscita ALBA?

ALBA, su banco y Petrocaribe, junto con docenas de acuerdos de cooperación bilateral en varios campos —que incluyen lo cultural— son una auténtica novedad, por lo que resulta difícil evaluar en su conjunto el proceso en curso. Sin embargo, lo mismo que ha ocurrido con el Banco del Sur, los movimientos sociales de América Latina y las redes regionales están haciendo un acucioso monitoreo, y se han expresado algunas preocupaciones —que se pueden y se deben expresar, pero dentro de un marco de apoyo general a la iniciativa y a su dinámica antiimperialista. Esas preocupaciones conciernen a:
• La predilección por los megaproyectos, particularmente la construcción de refinerías, oleoductos e infraestructura para el transporte, son preocupación de grupos ambientalistas.
• Escasa atención a la necesidad de impugnar el modelo dominante de energía centrada en el petróleo, acaso perpetuando la dependencia y el consumo de petróleo.
• El hecho de que PDVSA es la contraparte venezolana y aparentemente está a cargo de aspectos clave de la cooperación, e incluso de la supervisión técnica y financiera.
• La dificultad que encuentran organizaciones de la sociedad civil para obtener información sobre acuerdos bilaterales específicos, con la consiguiente preocupación por la transparencia.
• La decisión declarada —al menos por el gobierno de Nicaragua— de privatizar la cooperación y de manejarla como una deuda comercial privada, por consiguiente, no estaría sujeta a escrutinio legislativo de su presupuesto ni a rendición de informes, lo que despierta suspicacias acerca del uso partidista de fondos por los que no se rinden cuentas.
• La falta de aprecio por la autonomía y las dinámicas de trabajo de los movimientos y de sus redes regionales, los que, por cuestión de principios, rechazan la noción de ser “convocados” por cualesquier gobierno, o de permitir que sean los gobiernos los que seleccionen cuáles movimientos deben formar parte del Consejo.
• La falta de credibilidad del gobierno de Ortega en Nicaragua, mismo que sigue aplicando políticas neoliberales y confesionales, y al que se oponen los movimientos sociales de Nicaragua y de América Latina, particularmente sus contingentes de mujeres.


¿Qué significa todo esto en términos del Debate 2008 sobre la eficacia de la ayuda (Conferencia de Accra) patrocinada por la OECD y por la Oficina de Financiación para el Desarrollo de la ONU (Doha)?

Desde el punto de vista de los movimientos sociales —el Jubileo del Sur incluido— el debate sobre la eficacia de la ayuda es inviable. Una contradicción de términos, a menos que la eficacia funcione para beneficio del capital financiero y sea un instrumento de dominación, un lubricante para la penetración del capital corporativo. Tampoco se puede hablar de eficacia en el contexto de una ayuda que se vuelve, cada vez más, un franco instrumento para las metas de las políticas externas y de seguridad, incluida la llamada Guerra contra el Terror, o que simplemente va atada a la aceptación de la liberalización comercial y financiera (los actuales esquemas de asociación participativa de la UE).

Entrar al debate sobre la ayuda en preparación para la Conferencia de Accra es útil para explicar de qué manera la ayuda forma parte de las injustas relaciones económicas de poder, y se debe hacer hincapié en detener los egresos de capital y de riqueza desde los países del Sur.

La financiación para el desarrollo es una propuesta más sencilla. El objetivo debiera ser identificar mejor y desafiar los impedimentos internacionales (incluida la llamada ayuda) que obstaculizan la acumulación nacional y su movilización nacional, incluida la conducta de los capitalistas nacionales en el envío de la riqueza nacional al exterior, incluidos sus ciudadanos expulsados por el empobrecimiento que va vinculado al enriquecimiento de las elites globales. La financiación para el desarrollo debiera hacerse en forma de indemnizaciones y restitución debidas, del Norte hacia el Sur —la única deuda verdadera y legítima— a cuenta de siglos de saqueo y explotación, e incluso de los daños al medioambiente. Bajo ninguna circunstancia debemos caer en la ilusión de que la “ayuda” y los “préstamos” de los “donantes” —es necesario rechazar ese discurso— llevan el propósito de “ayudar” a los pueblos del Sur. Lo que hay que creer es que se trata de una “trágica ignorancia o de arrogancia imperdonable”, afirma Lidy Nacpil, coordinadora internacional del Jubileo del Sur.

¿Por dónde avanzar? El cambio del poder está en curso, pero el camino es largo.

El primer punto a destacar es que el avance hacia el desarrollo no se puede separar de la construcción de una democracia emancipatoria, puesto que forma parte de ella.
El segundo es crear consciencia crítica, en el Norte y en el Sur, acerca de la centenaria exacción de riquezas del Sur hacia el Norte, de los pobres a los ricos, dentro de los países y entre ellos —y no como una cuestión técnica o de normas, sino como un asunto moral y político: abordar la pobreza no como una mera realidad contemporánea, sino como un proceso histórico de enriquecimiento.

Tercero, reafirmar la importancia de la solidaridad y la movilización internacional de esa consciencia. Llevar este tema candente al espacio público de las calles. Sin resistencia no puede haber alternativas —la resistencia son las alternativas en ciernes. Apoyar el derecho de un pueblo y una región a ejercer su derecho a la autodeterminación económica —que forma parte de la verdadera democracia— de cara a lo que será la hostilidad sin tregua del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados. Cuba sigue construyendo su alternativa, Venezuela la suya, y Bolivia también —y esos países son el blanco de las campañas de desestabilización dirigidas por el gobierno de Estados Unidos.

Cuarto, comprometerse críticamente. Si bien apoyamos un mayor énfasis en el Estado —tal como lo destacan ALBA y el Banco del Sur— no deseamos sustituir la supremacía de un grupo de capitalistas del Norte por la de un grupo de capitalistas del Sur. Los bancos son problemáticos, como bien han hecho públicas sus preocupaciones REDES y el Jubileo de América del Sur. Esperamos que al menos algunas de esas preocupaciones se aborden en la configuración del nuevo Banco ALBA. Pero siempre hay que tener presente lo que dijera Bertold Brecht: fundar un banco es mayor delito que robar un banco.

Quinto, no perder de vista la meta del cambio del poder —y ello es tanto un producto a obtener en el futuro como un proceso que requiere práctica en el futuro. No se trata simplemente de alejarse de Bretton Woods y de la dominación del capital corporativo para acercarse al capital regido por el Estado, cosa que debe ir a la par de un cambio democrático más amplio: para transformar la realidad internacional tenemos que transformar nuestras realidades nacionales. Damos la bienvenida al decisivo liderazgo de Venezuela que está rompiendo las reglas del juego —no tiene precedentes esta histórica movilización de los recursos de un país en beneficio de otros países, este paso de la soberanía de la deuda a la deuda solidaria. Pero esto no es un fin, sino un principio, les guste o no les guste a los gobiernos. La ayuda, los bancos y la deuda son instrumentos de control político y social.

El cambio de poderes visto como un distanciamiento de las mentalidades y paradigmas capitalistas, donde
• Las personas se consideran no como consumidores, sino como ciudadanos.
• Los países no se consideran como mercados, sino como naciones.
• El capital y los gobiernos sirven al pueblo, y no al revés.
La forja de un nuevo modelo de desarrollo y la creación de una arquitectura de la solidaridad son fundamentalmente tareas políticas y sociales. Son una expresión de una lucha más amplia en pro de los derechos humanos y la soberanía, y esa lucha tiene que ser dirigida cada vez más por las mujeres y los jóvenes, y cada vez menos por los hombres blancos; por los movimientos sociales, por la sociedad incivil, en nuestro continente por los movimientos indígenas, ambientalistas y contra el pago de la deuda, que demandan no eficacia de la ayuda, sino justicia histórica, en forma de pago de la deuda social y ecológica que se ha acumulado a lo largo de cinco siglos.

El apoyo a la vía del desarrollo alternativo significa apoyar el derecho y la capacidad de los pobres a crear sus propios movimientos independientes y a ejercer constante presión política desde abajo. Avanzar hacia coaliciones de “reforma no reformista” que pueden presionar al poder estatal para que se implementen verdaderas políticas de desarrollo basadas en la justicia. Apoyar y participar en los movimientos que luchen en pro de economías solidarias, en pro de gobiernos nacionales democráticos y en pro de cambios en las políticas, en las estructuras y en los sistemas financieros y económicos, de modo que permitan la creación de alternativas.

Es necesario llevar al escenario más movimientos, puesto que esta lucha ciertamente no es técnica, sino política, en consecuencia, se tienen que forjar alianzas. En esta conferencia pudimos habernos beneficiado de la presencia de dirigentes de las comunidades aborígenes de Canadá, quienes sin duda tienen cosas claves que decir en materia de ayuda para el desarrollo. Con los ambientalistas de ustedes y su lucha contra la explotación de las arenas bituminosas, que está empobreciendo al mundo. Con quienes abogan por la paz y la justicia e impugnan la noción de que las tropas canadienses están llevando paz y desarrollo a Afganistán. Sin la participación de los movimientos y sin su perspectiva sobre las alternativas, Accra y Doha serán simplemente otras dos aburridas reuniones de predominancia masculina.


En 1933, John Manyard Keynes escribió: [El capitalismo] no es un éxito. No es inteligente, no es bello, no es justo, no es virtuoso, y no reparte bienes. En resumen, nos disgusta, y estamos comenzando a desdeñarlo. Pero cuando nos preguntamos qué cosa poner en su lugar nos sentimos sumamente perplejos.

Pues bien, en buena parte de América Latina la gente ya no está perpleja, y está comenzando a poner algo en lugar del capitalismo, como hicieron los cubanos hace unos 50 años. El socialismo —o mejor dicho, los socialismos— del siglo 21 están de regreso; no siguen un modelo ni pretenden inventar ninguno, sino que son un conjunto de principios para guiar la interacción humana en toda su diversidad y en su relación con la naturaleza.

Se están haciendo progresos, y aunque no sabemos dónde estaremos al final del día, en América Latina estamos convencidos de que hay una nueva alba política de certidumbre y determinación que debe apoyarse y ampliarse.


(Ayuda de Hugo Chávez en crisis”, La Prensa, (Managua), 15 de enero de 2008. Cifras del Centro de Investigaciones Económicas de Venezuela (CIECA), opositor del gobierno.)